El párroco Martín Durán presentó ante la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley para la integración socio-urbana del Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, ex Villa 1-11-14, en Bajo Flores. La iniciativa, acompañada por las legisladoras Berenice Iañez y Bárbara Rossen, actualiza la Ley 403 y prohíbe expresamente los desalojos forzosos.
El párroco Martín Durán, de la Parroquia Santa María Madre del Pueblo, presentó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley para la integración socio-urbana del Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, ex Villa 1-11-14, ubicado en el barrio de Flores. La presentación fue acompañada por las legisladoras Berenice Iañez y Bárbara Rossen, de Fuerza por Buenos Aires (FxBA), junto a sus equipos de trabajo.
La iniciativa toma como antecedente la Ley 403 y la actualiza, incorporando nuevas herramientas para avanzar hacia una urbanización integral con participación comunitaria. Es resultado de un proceso de trabajo de varios meses en la parroquia, con encuentros abiertos entre vecinos, el Cuerpo de Delegados, organizaciones sociales, instituciones del barrio y organismos públicos como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público de la Defensa.
Según datos del censo porteño de 2018, en la zona —delimitada por las avenidas Varela, Coronel Esteban Bonorino, Riestra, Presidente Torres y Tenorio, entre otras arterias— viven más de 12.000 familias en apenas 4.000 viviendas, lo que la convierte en uno de los barrios populares más extensos de la Ciudad.
El barrio lleva el nombre del cura Rodolfo Ricciardelli, quien misionó en la zona desde 1968 y murió el 13 de julio de 2010; la presentación del proyecto se realizó de manera simbólica en la fecha de ese aniversario.
Entre sus principios centrales, la norma establece que ninguna familia podrá ser desplazada por la urbanización y prohíbe expresamente los desalojos forzosos. Cada vecino y vecina tendrá derecho a una solución habitacional definitiva, priorizando su permanencia en el barrio mediante viviendas nuevas, mejoras habitacionales o líneas de crédito. El proyecto fija además un horizonte de obra de veinte años y un cupo mínimo del 30% de mano de obra local para las tareas que se emprendan.
Para garantizar la participación comunitaria durante todo el proceso se crearán una Mesa Técnica y una Mesa de Gestión Participativa, integradas por especialistas, representantes vecinales, del Cuerpo de Delegados y de organizaciones barriales. A medida que avance la obra se sumarán representantes por manzana. La ejecución quedará a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), con informes públicos periódicos a la Legislatura.
Rossen destacó el alcance del proyecto: «es un proyecto de los vecinos y para los vecinos«, señaló la legisladora, y agregó que también contribuye a la seguridad de todo el entorno.
Por su parte, Iañez y Rossen sostuvieron en un comunicado conjunto que acompañar la iniciativa significa fortalecer un proyecto construido desde la comunidad organizada: «Las mejores políticas públicas son las que nacen del territorio (…) que esa construcción colectiva se convierta en una ley y en una política pública que garantice derechos«, expresaron.
Iañez sumó una definición política al cierre del acto, al señalar que la fuerza que integra «está donde siempre: en los barrios, junto a los vecinos, construyendo una Ciudad para todos«.
El proyecto quedó ingresado en la Legislatura porteña y ahora deberá seguir el trámite parlamentario habitual.
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