Un importante número de policías, que fueron transferidos a raíz del traspaso de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad, expresaron su descontento en la puerta de la Legislatura de la Ciudad, el día lunes 26 de marzo, vistiendo sus uniformes de federales y entonando el himno de la Nación Argentina.
El comunicado que circuló entre los presentes detallaban los motivos de la protesta:
– desventajas en la incorporación al nuevo escalafón,
– imposibilidad de solicitar las transferencias al interior del país (muchos de ellos tienen a sus familias en otras provincias),
– escasez de los uniformes distribuidos con los colores de la nueva fuerza,
– falta de capacitación, particularmente en lo que hace a la práctica de tiro.
– imposibilidad de solicitar las transferencias al interior del país (muchos de ellos tienen a sus familias en otras provincias),
– escasez de los uniformes distribuidos con los colores de la nueva fuerza,
– falta de capacitación, particularmente en lo que hace a la práctica de tiro.
La legisladora Andrea Conde, que integra el bloque de Unidad Ciudadana en la Legislatura, expresó:
«Lamentablemente el Gobierno de la Ciudad le viene dando la espalda a los derechos de los/as policías incumpliendo en trazos gruesos la ley de seguridad pública que fue votada en esta Legislatura por amplia mayoría.
En esa ley se establece la creación de una Defensoría del Personal de la Policía de la Ciudad, órgano desconcentrado dependiente del Ministro de Justicia y Seguridad, cuya misión es la defensa, protección y promoción integral de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos del personal de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tutelados en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las leyes y las reglamentaciones frente a los actos, hechos u omisiones de la administración.
Asimismo establece entre sus funciones proponer mecanismos de salvaguarda de los derechos del personal de la Policía de la Ciudad, velando por el cumplimiento de sus derechos y garantías y de un sano ambiente laboral, tutelando el cumplimiento de los preceptos establecidos en la ley frente a actos, hechos u omisiones de la administración pública y de la propia institución policial en desmedro de sus integrantes.
Si esta institución, de la cual venimos reclamando hace tiempo su creación, se hubiera puesto en práctica el Ministerio de Justicia y Seguridad habría contado con una instancia fundamental para resolver conflictos en un área que afecta un servicio esencial como es el de la seguridad ciudadana.
En relación a los inclumplimientos también es importante mencionar que en el marco de la Legislatura se conformó una comisión especial de seguimiento del traspaso, a través de la cual los distintos bloques gestionamos pedidos de informes en relación al escalafonamiento, los cuales fueron negados. El desarrollo de la comisión, que demoró más de medio año en constituirse, fue muy pobre, ya que tampoco se elaboraron los informes semestrales de seguimiento que indica la ley que debían confeccionarse. Esto se debió mayormente a la inacción de las autoridades de la comisión encabezada por Francisco Quintana, actual vicepresidente primero de la Legislatura y porque la misma fue destinada únicamente a abordar superficialmente la crisis que implicó el encarcelamiento de Potocar, designado por el Gobierno como el primer Jefe de la «nueva fuerza».
La carencia de un uniformes, un reclamo muy básico, sobre todo cuando la ley establece taxativamente que todos los agentes policiales deben estar debidamente identificados, es escandalosa.
A su vez, ni bien constituida la nueva fuerza, el Ministro Ocampo no escatimó en gastos a la hora de licitar «equipamiento antidisturbio» por un monto de 116.272.694 pesos. De esta manera, dispuso la compra de 1600 cascos, máscaras antigases, escudos antidisturbios y protectores de poliamida para todo el cuerpo (hombros, espalda, clavícula, brazos, antebrazos, codos, muslos, rodillas, tibias, empeines y tobillos); 2900 filtros antigases que actúan contra polvos, gases, bacterias, virus, gases lacrimógenos y agentes químicos, biológicos y radiológicos; 100 carabinas y 200 lanzadores calibre 68 «para control de disturbios y neutralización de sospechosos violentos»; cartuchos y postas de pintura, goma y gas pimienta. Todo esto, a la luz de los hechos y reclamos, define el perfil del tipo de policía que en la práctica se buscaba conformar: una fuerza de choque del partido de gobierno, sin mecanismos de promoción de derechos para sus miembros y con escaso control externo.«.
Recordemos que el 5 de enero de 2016, el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, convinieron que la Policía Federal Argentina (PFA) se traspasaría del ámbito del gobierno nacional al del gobierno porteño, proceso que comenzó a realizarse paulatinamente a partir del momento de la firma del «Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», realizado en julio del mismo año.
Foto: IDEAL POLITIK http://idealpolitik.com.ar
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