Se aprobó la Unidad de Evaluación Educativa. Con 38 votos positivos el oficialismo, apoyado por UNEN y Confianza Pública, avaló la creación del polémico órgano de diagnóstico, el cual fue resistido por gremios y maestros, presentes en las gradas. Juan Castro– Informe sobre la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires
Este jueves el oficialismo porteño se llevó, con ayuda de UNEN y Confianza Pública, una votación de relevancia puesto que hace tiempo el PRO quería avalar un instituto de evaluación educativo.
Así, con la presencia policial en los alrededores de la Legislatura y el frente de Perú 160 colmado de docentes y gremios, se debatió a favor y en contra del texto.
Con la presencia de maestros en las gradas del Recinto parlamentario, se votó y avaló con 38 votos positivos frente a 21 negativas de oposición, lo que despertó gritos y enojo de los docentes presentes.
La norma apoyada por el PRO, Confianza Pública y la mayoría de UNEN establece que la Unidad realice la evaluación sistemática y periódica del impacto de las políticas educativas del Ministerio de Educación, del funcionamiento institucional del sistema educativo, de las instituciones superiores de formación docente, de la práctica docente y los aprendizajes alcanzados por los alumnos.
El organismo estará a cargo de un Director Ejecutivo designado por el Poder Ejecutivo a través de un concurso público. Además contará con un Directorio integrado por 11 miembros: el Director Ejecutivo; 2 representantes del Ministerio de Educación, uno por la Dirección General de Planeamiento Educativo, otro por la Dirección General de Carrera Docente o la dependencia que en el futuro la reemplace y 3 miembros a designar por las primeras fuerzas o bloques de la Legislatura.
También lo conformarán 2 representantes de los sindicatos docentes con mayor cantidad de afiliados, 1 de los supervisores escolares; 1 del Consejo de Educación de Gestión Privada y el Presidente del Comité Científico-Académico. Anualmente, antes del 1º de octubre, la Unidad deberá remitir a la Comisión de Educación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el Plan Anual de Evaluación Educativa que se propone desarrollar durante el siguiente año y un Informe de Gestión de lo realizado durante el año en curso.
La presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Victoria Morales Gorleri (PRO) sostuvo: «Históricamente en nuestro país el resultado de las evaluaciones se ocultaron bajo la alfombra. Sin ir más lejos, la última encuesta nacional sobre educación (ONE) fue publicada es de 2010?, al referirse al proyecto y luego recordó que «se trabajó dos años con sucesivas modificaciones». También defendió la descentralización de la Unidad: «puede dictar su propio presupuesto, normas y designación de funcionarios, y le permite no estar atada a la política de turno» y sostuvo que unidades de evaluación similares se aplican ya en Colombia, Ecuador, Chile y Uruguay. ?La Unidad que proponemos será la clave para sincerar el sistema; está muy lejos de ser un dispositivo de vigilancia o de rankear docentes, como mezquinamente intentan hacer creer algunos sectores», continuó. «El Ministerio deberá implementar las políticas públicas necesarias para fortalecer el sistema nutriéndose de la información tanto de la Unidad como de otras áreas. La Unidad será una herramienta más para colaborar con el fortalecimiento de la calidad y equidad educativa», concluyó la legisladora.
Los argumentos contrarios del Frente para la Victoria fueron presentados por el diputado Jorge Taiana: ?Esta ley recuerda a los viejos lineamientos del Banco Mundial como estrategia de debilitamiento del rol del Estado en materia de Educación y la estimulación de organismos autárquicos técnicos al margen de la política de educación» y agregó que la posición de esa bancada es que la evaluación educativa debe ser «contextualizada en el centro de las políticas públicas del Ministerio de Educación, integrada y participativa y en este caso no lo fue».
La diputada Virginia González Gass (PSA-UNEN) sostuvo: ?Esta ley lo único que garantiza es consolidar la brecha en el acceso al conocimiento. Está en línea directa con los postulados de Milton Friedman en educación, por los cuales se abandona nuestra tradicional concepción de igualdad en el acceso a los derechos sociales básicos en forma universal. La experiencia chilena es un ejemplo claro de ello, un camino privatizador encubierto. Todo esto además de solapar negocios privados y negocios poco claros?, agregó.
Por otra parte la presidenta del bloque PRO, diputada Carmen Polledo dijo que «esta evaluación mide de modo integral los programas del Ministerio, de la formación docente y aprendizajes de los alumnos con parámetros medibles y sostenibles e implica un aporte al Ministerio para la mejora permanente de la educación».
El interbloque UNEN había presentado un dictamen en minoría con el que acompañaba la propuesta del PRO de la crear la Unidad de Evaluación pero no apoyaba que fuera autárquica. El diputado Maximiliano Ferraro (CC) en nombre de su bloque adelantó algunos cambios que introdujeron en el expediente. Previamente expresó que: «una ley general de educación es la deuda pendiente de la ciudad de Buenos Aires. Las políticas educativas y el sistema educativo tiene que ser evaluado. No podemos desconocer que el sistema educativo evalúa todo el tiempo, desde el nivel inicial. La estrategia que debe tomar el estado es qué hacer con los datos que ya se producen en el sistema de educación».
En su intervención el diputado Alejandro Bodart (MST-Nueva Izquierda) señaló: ?Voy a votar en contra del ente privatista de Mauricio Macri y a sostener mi proyecto de evaluación social. En nombre de la calidad el gobierno busca ajustar a los docentes, avasallar su estatuto y agravar la desigualdad en favor de la educación privada?. El diputado Marcelo Ramal (FIT) consideró que la ley «estandariza y macdonaliza la educación», además recordó que «el año pasado se realizó en Brasil un encuentro de 33 universidades latinoamericanas, cuyo cierre estuvo a cargo de un represente del banco Santander Rio quien prometió becas para posgrado a cambio de que se aplique la evaluación de calidad educativa». Por su parte, el diputado Pablo Ferreyra (SL) volvió a cuestionar la posibilidad de que la Unidad de Evaluación tenga la posibilidad de recibir fondos privados (lo que finalmente se bloqueó mediante las modificaciones acordadas con el bloque de UNEN).
Finalmente, la sanción obtuvo 38 votos a favor de los bloques PRO, Confianza Pública, la mayoría del interbloque UNEN excepto Verde Alameda y el Partido Socialista Auténtico que votaron negativamente junto al interbloque Frente para la Victoria y los diputados Alejandro Bodart (MST), Marcelo Ramal (FIT) y Pablo Ferreyra (SL), sumando 21 votos.
El siguiente tema, que también incluyó debates y enmiendas de último momento dentro del Recinto, fue para las autopartes.
De este modo, se estableció una multa de 150 unidades fijas para el titular de un vehículo o moto vehículo que incumpla con el grabado correspondiente. El objetivo de la ley es brindar una herramienta más en la prevención del delito por la venta ilegal de autopartes.
Habrá un mayor control sobre el grabado de autopartes y se incrementó en 50 unidades fijas la multa para los titulares de automotores y motos infractores, a partir de una decisión tomada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la sesión ordinaria de este jueves. Se modificaron las leyes N° 3708 -Registro de Verificación de Autopartes-, y Nº 451 -Grabado de automotores.
Para lograr un cumplimiento efectivo de la normativa, una de las modificaciones aprobada hoy sostiene que «Los Concesionarios de Automotores, gestores, mandatarios y cualquier otra persona física o jurídica que participe como intermediario en la compra venta de automotores y en la tramitación de la respectiva inscripción inicial o transferencia de dominio en un Registro Seccional del Registro Nacional de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios con jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá verificar que el titular haya cumplido con el grabado de las autopartes establecido en la presente Ley o haya obtenido el formulario de grabado de autopartes dispuesto por la reglamentación correspondiente».
También los actores alcanzados por esta modificación deberán informar mensualmente al Registro de Verificación de Autopartes los trámites de altas registrales y transferencias dominiales realizadas.
Además, con una modificación a la Ley 451 se estableció una sanción de 150 unidades fijas, incrementando en 50 unidades fijas el valor de la multa, para el titular de un vehículo o moto vehículo que incumpla con el grabado de autopartes.
Juan Manuel Castro
Juan Manuel Castro
(Visited 24 times, 1 visits today)
