El sistema de reciclado con inclusión social debe ser ley, no puede depender de la voluntad del gobierno de turno

Durante la sesión de ayer jueves, el diputado Adrián Camps le pidió a las autoridades de la Legislatura porteña que «intercedan ante el Poder Ejecutivo para que el sistema de reciclado de la Ciudad se mantenga y para se provea a las cooperativas del material necesario para hacerlo cada día más eficiente». «No retrocedamos a épocas ya superadas», manifestó el legislador.

Sobre el mediodía, las 12 cooperativas de cartoneros de la Ciudad se movilizaron hacia el Ministerio de Ambiente porteño para manifestarse en contra del vaciamiento y la posible privatización del servicio de recolección diferenciada. Según informó la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores (FACyR), «hace pocos días el director de la Dirección General de Reciclado, Lucas Peverelli, renunció a su cargo denunciando el vaciamiento del servicio como parte de un proyecto para privatizarlo, impulsado por las autoridades de la cartera de Ambiente y Espacio Público».


«A pesar de este vaciamiento los cartoneros integrados en el sistema de recolección diferenciada trabajan sacrificadamente y separan más de 600 toneladas diarias de reciclado. Esto compone la única barrera a la crisis ambiental que implica el enterramiento indiscriminado y ahorra millones de pesos del presupuesto de la ciudad», explicaba el comunicado difundido por la FACyR.


«El proceso que se ha dado con las cooperativas de cartoneros y recicladores en la Ciudad es un éxito tanto a nivel nacional como latinoamericano, porque ha logrado la inclusión de 5.500 trabajadores informales, que hoy manejan distintos centros verdes y gozan de los mismos beneficios que cualquier otro trabajador formal, como asignaciones, obra social y guarderías para sus hijos. Esta experiencia ha generado tal interés a nivel mundial, que muchos representantes de las cooperativas han viajado a otros países, como India, a explicar cómo fue este proceso», destacó el diputado del PSA.


En la Ciudad de Buenos Aires rige la Ley 4120, que estableció la separación de los sistemas de recolección de residuos en húmedos y secos, otorgando a las cooperativas el trabajo sobre estos últimos, mediante un convenio que se renueva todos los años, pero que actualmente se encuentra desactualizado. El vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, conoce bien el caso, ya que tuvo un papel importante en la redacción de los convenios. «La Legislatura debería sancionar una ley para que este sistema de reciclado con inclusión social no dependa de la voluntad de ningún gobierno de turno», finalizó Adrián Camps.

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