por Mario Reina
Integrante Junta Comunal 5 (Almagro-Boedo)
Bloque Peronista
En diciembre de 2015 Horacio Rodríguez Larreta asumía como Jefe de Gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expresando su voluntad de consolidar la descentralización de su administración, a través de las 15 comunas que la Constitución determinó como división política en el distrito.
Tres años después, y ya recorriendo el último año de mandato, resulta una mera utopía ante la realidad hegemónica que transita el oficialismo. En efecto, hoy las Juntas Comunales porteñas son convidadas de piedra para el Gobierno de la Ciudad, lo que torna una peligrosa costumbre institucional que esto sea así. En nombre de la democracia no se pueden soslayar las normas constitucionales vigentes, por más mayoritario que sea su sustento representativo como expresión política. La democracia implica también el respeto de sus instituciones.
Esta distorsión democrática se hiso palpable en las elecciones de medio término de 2017, donde el Gobierno de la Ciudad consolidó la mayoría automática que hoy ostenta en la Legislatura. A eso se le suma BA Elige (un programa en el que los vecinos votan obras que nadie controla y que sobrepasa la competencia de las Juntas Comunales), la designación de gerentes y subgerentes comunales (que superponen sus funciones con la de los comuneros), la inexistencia de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana (dependiente de la Jefatura de Gabinete) que entre sus funciones debería entender en el ejercicio de las competencias que, en forma exclusiva y concurrente, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 1777 le asignan a las Comunas.
El autismo político del oficialismo quedó palpable en las últimas sesiones legislativas de 2018, donde en temas sensibles consolidó un voto en soledad con su mayoría automática. Las mayorías implican responsabilidad y consenso fundamentalmente.
Esta realidad se replica en las comunas. Hoy las Juntas Comunales son cáscaras institucionales que por imperio del oficialismo gobernante, no cumplen en plenitud con los principios constitucionales que las normas vigentes imparten.
La responsabilidad le cabe al oficialismo y la oposición. No se puede pasar por alto la constante subestimación, del actual gobierno en su ejercicio, en desmedro de lo que realmente representan las instituciones democráticas. El oficialismo tiene la obligación de honrarlas y la oposición de fortalecerlas. Tal vez sea éste el gran desafío para el año 2019.