A través de un documento que lleva la firma de su presidente y Defensor del Pueblo de la CABA Alejandro Amor, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) fijó su posición con respecto a la medida del Ejecutivo Nacional a través del siguiente comunicado.
«La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), integrada por hombres y mujeres, que defendemos la plena vigencia de los Derechos Humanos, la Constitución Nacional, y el respeto por las Instituciones, MANIFESTAMOS nuestra profunda preocupación en relación al Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 683/2018, ello en virtud de que:
Conforme se desprende de la Ley de Defensa Nacional, la función de las Fuerzas Armadas reside en la defensa de la Nación ante el ataque exterior, guerra o conflicto armado internacional, teniendo por finalidad garantizar la soberanía e independencia de la República.
Por su parte la Ley 24.059 entiende que la Seguridad Interior, debe propender a que el Estado Nacional garantice la plena vigencia de los derechos a la vida, a la libertad, y al patrimonio de los ciudadanos. A tal efecto, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía de los Estados Provinciales adherentes a la mentada norma, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, serán los órganos que propenderán a tales fines. Así pues, en este marco, desarrollarán los medios necesarios para el control y vigilancia de las fronteras, aguas jurisdiccionales de la Nación y custodia de objetivos estratégicos.
Consecuentemente, en virtud de los principios emanados de nuestra Constitución Nacional, los principios Republicanos de Gobierno, y nuestra historia reciente, resulta inadmisible que una modificación de los mencionados principios y competencias se determine por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, toda vez, que por la materia resulta ser competencia exclusiva del Congreso de la Nación.«.
Su Objeto Social es la cooperación recíproca entre los Defensores del Pueblo de la República Argentina en el intercambio de información, investigaciones, actualización y desarrollo de las instituciones que defienden derechos y garantías, promoviendo su progreso continuo y perfeccionamiento profesional.
