La jueza Patricia López Vergara, en una clara defensa hacia los artesanos que desarrollan su actividad sobre la calle Perú, paró las obras de instalación de un toldo que la Confitería London City pretende instalar apropiándose del espacio público que habitualmente ocupa una feria artesanal. Indica además que el gobierno de la CABA «se abstuvo de informar debidamente» acerca de que la obra incluía la instalación de un toldo metálico para la confitería.
La Justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad suspender obras en la calle Perú que puedan impactar «significativamente en la actividad que desarrolla el colectivo de artesanos, que se vería impedido de instalar sus puestos de artesanía en su emplazamiento original», en una resolución que busca impedir la instalación de un toldo que permita a una confitería poner mesas y sillas allí.
La magistrada Patricia López Vergara, subrogante del Juzgado Nº 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, recordó también que rige una medida cautelar de no innovar, dictada en junio de 2012, para que los artesanos de esa cuadra continúen instalados allí. Por ello, señaló la resolución, la administración porteña no puede ignorar «la obligación -perentoria e inexcusable- a la que se encuentra directamente vinculado el GCBA».
La resolución de López Vergara refiere a un toldo metálico para albergar mesas y sillas de la confitería London City, ubicada en la ochava de Avenida de Mayo y Perú. Además de la suspensión de las obras, la magistrada ordenó al gobierno porteño que «se abstenga de autorizar -o suspenda, en el caso de que dicha autorización ya haya sido concedida la instalación de mesas y sillas sobre dicha arteria hasta tanto se acredite en autos que se encuentra debidamente asegurada la labor de los artesanos en su emplazamiento original». La semana pasada, la estructura ya estaba instalada, aunque permanecía sin uso.
De acuerdo con los artesanos, la instalación allí de mesas y sillas «ocuparía entre 30 y 40 por ciento de la calle Perú, por lo que la superficie destinada a la circulación peatonal se vería a futuro considerablemente reducida, circunstancia que impactaría negativamente en la actividad que desarrolla el colectivo de artesanos, que se vería impedido de instalar sus puestos».
La jueza López Vergara señaló que la cautelar y la orden de suspender obras y autorizaciones tienen por objetivo «tutelar el derecho a trabajar de un colectivo de artesanos que venden el producido de su trabajo en la calle Perú», lo que «constituye el único medio de subsistencia de sus grupos familiares». Los artesanos accionaron judicialmente cuando el gobierno porteño comenzó a realizar obras en las calles Perú y Perú. En febrero de este año, por las obras efectuadas allí, el tribunal ordenó «el traslado «provisorio y mientras se extienda la ejecución de las obras» del colectivo de artesanos a la calle Perú, entre Rivadavia y Diagonal Norte».
En la resolución, la magistrada señaló que la realización de obras «no ha sido la única medida adoptada por el GCBA que entró en conflicto con la manda cautelar». Antes, en una «mesa de diálogo» entre administración y artesanos que se celebran en el juzgado, el gobierno porteño «se abstuvo de informar debidamente» acerca de que la obra incluía la instalación de un toldo metálico para la confitería. La presentación del Gobierno de la Ciudad «omite toda mención a la estructura que se estaba ya construyendo».
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