Comunicadores de la Argentina (COMUNA) reclama a las autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial que se ajusten a las normas vigentes y adopten medidas inmediatas para recuperar la normalidad institucional luego de una sucesión de acciones que, en 48 horas, arrasaron con la legalidad en el sector de los medios de comunicación audiovisual.
Un decreto inconstitucional, que modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con la finalidad de desplazar a autoridades legítimas en los organismos de aplicación AFSCA y AFTIC, fue seguido por una insólita acción del juez Julián Ercolini imponiendo la clausura de un organismo público.
COMUNA, en coincidencia con numerosos actores de la comunicación, sindicatos, organizaciones sociales, entidades de derechos humanos y universidades, entre otros sectores, expresa la necesidad imperiosa de la reapertura inmediata de la sede de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y su funcionamiento normal, con la reposición de sus autoridades.
El gobierno nacional, con su ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, lanzó una serie de atropellos sin precedentes en la historia democrática argentina con su pretensión de desplazar a las autoridades de AFSCA y AFTIC mediante la intervención que impone el decreto 236/15 del 23 de diciembre. Esta acción coincidió con los anuncios previos de funcionarios del Ejecutivo contrarios a la Ley 26.522, exactamente en los mismos términos que, desde antes de su aprobación, vienen expresando el grupo empresario Clarín y sus socios y aliados.
En cumplimiento de sus responsabilidades institucionales, el presidente de AFSCA, Martín Sabbatella, recurrió al Poder Judicial dada la inconstitucionalidad manifiesta del decreto, pero antes de que este planteo tuviera respuesta otro juez, Julián Ercolini, dispuso insólitamente la clausura del organismo.
A nadie pasa desapercibido que es el mismo juez que mantiene estancada la causa por las denuncias de múltiples actos ilegales, incluyendo la comisión de delitos de lesa humanidad, en la entrega de la empresa Papel Prensa a Clarín, La Nación y La Razón, sobre la base de un acuerdo en 1977 con el genocida Jorge Rafael Videla.
También son llamativos los tiempos de la acción judicial: mientras las pretensiones del macrismo contra AFSCA fueron satisfechas aceleradamente, no hubo pronunciamiento por el planteo de la ilegalidad del decreto y la intervención que dispuso.
Estos desarreglos institucionales motivaron múltiples pronunciamientos de los actores de la comunicación audiovisual, desoídos uno a uno por el Ejecutivo y sus aliados judiciales.
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