Discapacidad: 29/05 movilizaciones en todo el país

El viernes 10 de mayo, se dio a conocer un proyecto de decreto presidencial que establece que los organismos públicos financiadores de las prestaciones para las personas con discapacidad establecidas por la Ley 24.901 se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios de las prestaciones (y no vinculante entre ellos) incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas. 

Esta decisión va a generar la ruptura de un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el estado o por profesionales sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, sean de PAMI o cuenten con una pensión o prepaga. 

La consecuencia de no tener un arancel acorde al costo del servicio, es que aquellos que no respondan a la realidad económica que implica brindar un servicio categorizado educativo, terapéutico, de salud, de alojamiento, transporte o asistencial van a dejar de contar con ello. Además de la desigualdad que implica esto, también se producirá una pérdida esencial en la calidad de vida de más de 200.000 personas con discapacidad. 

De efectivizarse esta medida se agravará la ya importante crisis económica de los prestadores categorizados que tienen que cumplir con una serie de exigencias impuestas por el Estado -que tiene la administración del Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las personas con discapacidad-, ya que da lugar a que cada organismo financiador establezca el arancel que le parezca o convenga.

De hecho, actualmente no se ha podido establecer un mayor aumento, que está atrasado en un 100% para el transporte y en un 45% para el resto de las prestaciones, por la presión de uno de los organismos financiadores. Dicha situación ha llevado a un desfinanciamiento y endeudamiento de los prestadores que están al borde del colapso. Y esto marca lo que puede pasar en el corto plazo si se publica dicho decreto.

Por los motivos expresados, exigimos a los funcionarios que revean esta medida que puede entorpecer la universalización de la atención de las personas con discapacidad, derecho que se obtuvo hace ya más de 25 años. 

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Para acceder  a más información sobre el decreto, compartimos el documento leído en la Conferencia de Prensa que realizada días pasados:

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO QUE DESREGULA LOS ARANCELES DE LAS PRESTACIONES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El pasado viernes 10 se conoció un proyecto de decreto que establecería lo siguiente: “Determínese que los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad mencionadas en el artículo 7 de la Ley 24.901 fijarán de forma independiente – y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad.”

Actualmente existe un nomenclador en donde se especifican las prestaciones establecidas por la Ley 24.901 y el arancel que le corresponde a cada una y que los diversos entes que dan cobertura (obras sociales, prepagas, Pami, Incluir Salud) están obligados a pagar en su totalidad con sus propios recursos económicos (las obras sociales a partir de lo que aportan los trabajadores y empleadores, las prepagas con las cuotas que pagan las personas que contratan su cobertura, el Pami con lo que recauda de todos los empleados y jubilados e Incluir Salud con el presupuesto que proviene del tesoro nacional).

Estos aranceles se deberían ir actualizando según la inflación y los sueldos que establecen los sindicatos. El organismo responsable de esta tarea es el Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las Personas con Discapacidad que está conformado por representantes del Pami, de la Agencia Nacional de Discapacidad, de Incluir Salud, de la Superintendencia de Servicios de Salud, del Ministerio de Salud de la Nación, de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, de dos representantes de los prestadores y del Consejo Federal de Discapacidad (con voz y sin voto). Sus decisiones se toman por votación de sus miembros.

En el proyecto de decreto se establece que cada organismo público nacional financiador del Sistema de Prestaciones fije por su cuenta los aranceles para cada prestación, o sea que el Directorio, que tiene esta obligación por el Decreto 1193/98, no se ocuparía en adelante de esta tarea y así dejaría de escucharse, por lo menos, el parecer de quienes brindan estas prestaciones que deben cumplir con exigencias edilicias y de recursos humanos para ser aceptados como prestadores del Sistema.

Creemos que dejar en manos de los organismos financiadores del Sistema puede generar la fijación delarancel que ellos mismos vana tenerque pagar,va a generar la ruptura de un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el estado o por profesionales inscriptos en la Superintendencia de Servicios de Salud sin importar su situación económica, mientras cuenten con el certificado único de discapacidad y una cobertura a través de una obra social, del PAMI, de la prepaga o de Incluir Salud.

Se puede retrotraer a la situación que se vivía antes de que existiese la Ley 24.901. En ese momento había obras sociales que reconocían pagar algo y otras poco o nada y así ciertas personas con discapacidad recibían una atención o no según la obra social que tenía. Esto sucede hoy con ciertas obras sociales provinciales que no reconocen el nomenclador nacional o con aquellas que suelen tardar mucho en pagar.

Si los aranceles que se establezcan no llegan a cubrir el costo de las prestaciones muchas instituciones o profesionales dejarán de atender a esta población porque no pueden sostenerse. Ahora cómo confiar que los financiadores van a hacer algo distinto a lo que están haciendo actualmente. Actualmente el atraso arancelario que sufre el sector (un 100% para el transporte y en un 45% para el resto de las prestaciones para ponerse a la altura de los aumentos que se han generado desde diciembre 2023) se debe a que la Superintendencia de Servicios de Salud, que administra los recursos económicos de las obras sociales para cubrir estas prestaciones, dice no poder pagar más que esto por estar en crisis económica. Este fue el motivo por el continuamente se opuso a aumentos acordes a los costos. También el PAMI, en algún momento de la historia, se negó a pagar el arancel que estableció el Directorio y durante la pandemia no cubrió como se había dictaminado el transporte.

Queremos llamar la atención porque las personas hoy si dejan una prepaga por su costo o no cuentan con trabajo y así una obra social, pueden dirigirse a los servicios públicos, pero esto no es tan así en las prestaciones para las personas con discapacidad porque la oferta pública es poca o inexistente como es el caso de los centros de día, centros educativos terapéuticos, hogares, residencias.

El estado cuenta con escuelas especiales o comunes que incluyen alumnos con discapacidad o hay servicios de rehabilitación, pero los mismos no alcanzan a dar respuesta a todas las personas que necesitan atención. No puede hacerse cargo de los alumnos que asisten a las escuelas privadas o a los centros de rehabilitación privados ni de los que necesitan apoyos para una inclusión educativa.

Un ejemplo real de esto es lo que sucede con el transporte. Dado el atraso en el valor del Km muchos transportistas, que trasladaban a ciertas personas con discapacidad desde su casa a los servicios que necesitaban, han desaparecido o prestan un servicio acotado, lo que implica que estas personas han perdido atención. Si bien existe el servicio de transporte público este no da respuesta a ciertas situaciones. Pensemos en la Ciudad de Buenos Aires donde el transporte es en su mayoría accesible: cómo acceder a un colectivo repleto de gente con una silla de ruedas y aunque estuviera vacío cómo hacen padres para subir a un niño o joven con una silla de ruedas postural cuyas dimensiones superan a las comunes. Esta realidad se agrava en el Gran Buenos Aires, en las provincias, en las zonas rurales.

Creemos que de hacerse realidadesta medida, las personas con discapacidadque requieran de estas prestaciones van a encontrar dificultades mayores a las actuales.

Ante este horizonte nos preguntamos ¿Qué hay detrás de esta medida? ¿Qué fue lo que se evaluó para decidir tomar este camino? ¿En qué se ve beneficiado el Estado? ¿A quién consultaron para definir esta propuesta?

La tan nombrada desregularización de los servicios para que se reconozcan los costos de los mismos, se la aplica en esta área de manera muy especial: el que va a pagar es quien fija lo que se paga. Si hoy los efectores no reconocen los reales costos teniendo que ir a una votación donde en minoría estánlos prestadores, se hace muy difícil de pensar que vana poner aranceles acordes y que quienes a regañadientes han atendido a las personas con discapacidad van a jugar a favor de esto.

Por los motivos expresados, exigimos a los funcionarios que revean esta medida que puede entorpecer la atención de las personas con discapacidad, un derecho que se obtuvo hace ya más de 25 años.