Desalojo de la Casa Santa Cruz

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Casa Santa Cruz
por Jonatan Emanuel Baldiviezo y Sandra Inés Sánchez
Próximamente, en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Parque Patricios, en Santa Cruz N° 140, a pocas cuadras de la sede del Gobierno de la Ciudad, se planea producir uno de los desalojos forzosos más impactantes de su historia. Se trata de Casa Santa Cruz.

 

Allí viven actualmente 106 familias. Son 316 personas en total, de las cuales 131 son adolescentes, niñas y niños. A pesar de la solicitud de prórroga del lanzamiento del desalojo presentada a comienzos del mes de agosto desde la Defensoría del Pueblo, el 16 de agosto, el juez Cesari informó que dicho lanzamiento se instrumentará los días 18, 19 y 20 de septiembre.

Entretanto, el 2 de agosto, los habitantes acompañados por todas las organizaciones, presentaron un Proyecto de Ley de “Reurbanización e Integración socio-urbana de la Manzana Finochietto del Barrio de Parque Patricios” (Expediente: 2073-8-2019), como parte de la iniciativa ciudadana de encontrar solución no solo al problema habitacional de la Casa Santa Cruz, sino a las necesidades de toda la manzana, que a pocas cuadras del Distrito Tecnológico, no cuenta con servicios de cloaca, ni de desagües, y cuyos habitantes nunca lograron obtener las escrituras de sus propiedades.

La Legislatura de la Ciudad no ha tratado este proyecto ni este conflicto en ninguna de las reuniones de sus comisiones.

Síntesis de su historia

Luego de la quiebra de la empresa textil SELSA en la década de 1990, a partir del año 2002, el edificio social que estaba abandonado comenzó a transformarse en un edificio de viviendas recuperado por personas en situación de emergencia habitacional. En el año 2010, en medio de una quiebra fraudulenta, fue vendido ocupado al precio vil de $1.500.000, y desde entonces sus habitantes vienen afrontando un juicio de desalojo.

Las familias conformaron la Cooperativa Papa Francisco para poder comprar el edificio en el marco de la Ley N° 341 de créditos colectivos, pero con los gobiernos del PRO esta ley ha sido desfinanciada y el programa progresivamente desmantelado. Durante todos estos años formaron parte de una mesa de trabajo con el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) del que nunca obtuvieron una respuesta al problema habitacional. Con Juan Ignacio Maquieyra, al frente del IVC, fueron perdiendo una a una todas las oportunidades abiertas en las audiencias judiciales para poder encontrar una salida habitacional definitiva en el mismo edificio o en otro.

Recientemente, el día 2 de junio la manzana se hizo famosa porque uno de los edificios se incendió, murieron dos personas y otras 25 tuvieron que ser hospitalizadas por haber sufrido heridas de diferente consideración. Que las víctimas no hayan sido cuantiosas fue solo una cuestión de suerte. De esta desgracia hay una cadena de responsables institucionales que es posible rastrear en el tiempo.

Entre los años 2003 y 2006 la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires acompañó los reclamos por la situación irregular de las unidades funcionales de la fábrica que se usaban como viviendas, cuyos habitantes tenían imposibilitada la gestión de servicios públicos por no contar con escrituras que certificaran formalmente la titularidad. En el año 2003 se realizó la Actuación N° 7386/03, en la que se destacó la situación irregular que imposibilitaba a los tenedores de las viviendas la constitución formal del dominio, y se solicitó a las Secretarías de Desarrollo Social e Infraestructura y Planeamiento y Seguridad que activaran una acción coordinada para dar una pronta respuesta a estos graves problemas. Además, en virtud de la antigüedad de la problemática planteada que tuvo escasa respuesta por parte del gobierno, se informó a la presidencia de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, para que consideraran todos estos reclamos, pero tampoco se obtuvo respuesta.

Respecto del edificio sobre la calle Uspallata, gran parte del problema de irregularidad dominial se debe a una irregularidad en el registro formal de los planos del edificio, pero que aun así, esto no impidió que fuera vendido igualmente por la empresa que lo había comprado con planos apócrifos, y que fueron los que luego imposibilitaron la subdivisión en las diferentes unidades habitacionales. Se suma a esto que la empresa se declaró en quiebra, y en el año 2007 apareció otra que dijo ser acreedora, reclamó el edificio como propio, y pretendió desalojar a las 400 familias que lo habitaban.

En ese contexto de reclamo, la Defensoría del Pueblo volvió a alertar sobre esta situación, y además sobre ?las permanentes construcciones sin planos ni permisos municipales, la falta de certeza en la calidad del agua consumida por niños y adultos y la comercialización de garrafas que sin ningún control se almacenan y venden en algunas de las viviendas?, y ?la falta total de instalaciones contra incendio y medios de escape, la venta de bebidas alcohólicas, alimentos de todo tipo, pirotecnia y demás situaciones? que ?a diario? eran ?la preocupación de la totalidad de los vecinos?. En ese momento, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad se comprometió a brindar líneas de crédito para las mejoras de los edificios, pero no cumplió con lo acordado, y no actuó desde entonces para subsanar las condiciones de informalidad dominiales, ni de provisión de servicios en toda esta manzana.

En los medios trascendió el incendio, pero no trascendieron los responsables y las causas que tienen larga data. 

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Observatorio del Derecho a la Ciudad

teléfono 011 15-3266-7008

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