«Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar el llamado a Licitación Pública, bajo el régimen de Concesión de Obra Pública, de conformidad con la Ley Nacional N° 17.520 y sus modificatorias, para el diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación del centro cultural, gastronómico y playa de estacionamiento «Plaza Dr. Bernardo A. Houssay», a llevarse a cabo en los dos (2) pisos bajo-rasante del predio delimitado por la Avenida Córdoba, calles Junín, Paraguay y Presidente José E. Uriburu», expresa el primer artículo de la ley.
El plazo máximo de concesión fue establecido en 30 años y se especifica que «los pliegos de bases y condiciones deberán contemplar el mejoramiento del entorno» de la plaza, para dotar ese espacio «de una mayor calidad ambiental y variedad de usos, mejorando la interacción social, el fomento del desarrollo barrial, social y cultural». Estipula que el Poder Ejecutivo será la autoridad de aplicación.
El proyecto, una iniciativa de la Jefatura de Gobierno, tuvo una primera aprobación y tratamiento en Audiencia Pública donde el subsecretario de Proyectos Urbanísticos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, Alvaro García Resta, dio a conocer los detalles del proyecto arquitectónico y una vecina manifestó observaciones. Según lo expuesto por el funcionario se pretende realizar la modificación y restauración del subsuelo en todos sus niveles, vinculando a éstos con el nivel cero de la plaza e interviniendo en los ejes viales en torno a las facultades universitarias de Medicina y Economía de la UBA con el fin de poner en valor el espacio público y realzar las características académicas que le dan identidad al lugar.
Luego, se produjo un despacho de mayoría favorable de las comisiones de Obras y Servicios Públicos y de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria. En tanto, en minoría el diputado Gustavo Vera (BC), propuso archivar el expediente por considerar insuficientes los fundamentos del Ejecutivo. Además, el despacho recibió una observación del diputado Marcelo Ramal (FIT) argumentando que «la obra debe indicar qué tipo de mejoras se harán, además de tener otro tipo de especificaciones y detalles; que no se puntualiza el monto de la inversión; que no hay informes socio-ambientales y que su concesión de 30 años implica una virtual perpetuación de la irregularidad de la obra y su explotación», entre otros fundamentos.
En el recinto, los diputados Adrián Camps (SA) y Gustavo Vera (BC) expresaron reclamos en ese sentido, y sus pares Patricio Del Corro (FI) y Fernando Vilardo (AyL) su opinión en contra del despacho. Finalmente la ley fue aprobada en segunda lectura por 53 votos positivos y 4 negativos de los legisladores previamente mencionados.
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