Los legisladores de la ciudad de Buenos Aires, nuestros representantes, votados por los ciudadanos porteños, dieron su aprobación, en primera lectura, para que, muy cerca de la Reserva Ecológica de la Costanera Sur, la empresa IRSA construya «Costa Urbana», en el espacio de 70 hectáreas donde alguna vez se proyectó la Ciudad Deportiva de Boca, proyecto que consta de viviendas de lujo, oficinas, locales comerciales. #CostaUrbana #LegislaturaCABA #JonatanBaldiviezo #OsvaldoGuerricaEchevarría #tierrasferroviariasverdes #CostaVerdeyPública
En la sesión ordinaria del 19 de agosto, la Legislatura votó el Proyecto de Ley N° 1831-J-2021 con 36 votos a favor de los bloques del Pro, Coalición Cívica, Socialismo, Confianza Pública, Evolución y 19 votos negativos del Frente de Todos y la izquierda. Este proyecto inmobiliario no viene a paliar el déficit habitacional de la ciudad, sino que servirá para inversión de los grandes capitales. Los ambientalistas advierten que pone en riesgo los humedales de esa zona.
IRSA detalló que «Costa Urbana» se edificaría en el transcurso de 10 años, con un aporte de cerca de 250 millones de dólares para iniciar el emprendimiento: «Es un proyecto de perfil residencial y de usos mixtos que incluye, entre otros: tiendas, oficinas, hoteles, clubes deportivos y de yates, grandes parques públicos, áreas de servicio de apoyo como escuelas, supermercados, estacionamientos, etc. En función de su relevancia, este nuevo vecindario emergente tendrá como objetivo aumentar el nivel general del área, en relación con la política de «recuperación del río para la ciudad» y, al mismo tiempo, completará el desarrollo urbano de Puerto Madero«.
Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad explica que «esta votación se realiza violando la Constitución de la Ciudad, el Plan Urbano Ambiental y el Acuerdo de Escazú por no haber convocado a audiencia pública previa a este tratamiento legislativo y no haber realizado la evaluación de impacto ambiental correspondiente. A la violación de la democracia ambiental y participativa se suma la gravedad institucional de votar un proyecto de ley con la mayoría absoluta (la mitad + 1) cuando corresponde que se vote con la mayoría agravada de los ⅔ (40 votos)».
Consultado sobre la implicancia del proyecto Costa Urbana, Baldiviezo responde: «El GCBA le otorga a IRSA la posibilidad de construir decenas de torres de 145 metros de altura y aproximadamente 900 mil metros cuadrados, destruyendo un humedal costanero. Las torres estarían dedicadas principalmente a viviendas suntuosas pero también a comercios, shoppings y hoteles, alcanzando una superficie total construida de 24 hectáreas. Esto se debe a que el 20 de julio de 2021 se firmó un convenio urbanístico, entre IRSA y el GCBA, por el cual se otorga a IRSA la excepción para poder construir un nuevo Puerto Madero. Este grupo inmobiliario compró los terrenos a 51 millones de dólares. Con la aprobación del convenio urbanístico el valor del suelo se multiplicará 32 veces como mínimo. Un negocio neto del Grupo IRSA de entre 1.000 a 1.500 millones de dólares».
Reproducimos a continuación la nota de Osvaldo Guerrica Echevarría, arquitecto, presidente de la Asociación Amigos del Lago de Palermo, que relata la cronología de los hechos a través de los cuales se llega sanción de este proyecto de ley y habla del proyecto «COSTA VERDE Y PÚBICA» presentado por la red tierrasferroviariasverdes en la Legislatura de la Ciudad.
IRSA CUENTA CON 37 NUEVOS EMPLEADOS/AS A LOS QUE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD LES PAGAMOS EL SUELDO
El 8 de julio de 2021 el presidente de IRSA, a su vez presidente del Banco Hipotecario SA, presentó su «nuevo» proyecto de urbanización del predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca Jrs.
Significativamente, lo hizo en salones del Predio Ferial del Parque 3 de Febrero ocupado por la Sociedad Rural Argentina.
El 19 de agosto de 2021, con el voto de 37 diputados/as dependientes del Jefe de Gobierno, la Legislatura aprobó el «Convenio Urbanístico» que redactó IRSA y firmó el ya futuro candidato a Presidente, haciéndose cargo no sólo del altísimo impacto ambiental negativo sobre el humedal costero de la Ciudad protegido internacionalmente como Sitio Ramsar -la Reserva Ecológica Costanera Sur y adyacencias-, sino del riesgo que significa habilitar la construcción de 16 torres de 145 metros de altura en un relleno a orillas del Estuario, a 260 m de la Central Termoeléctrica Costanera Sur (que tiene 6 chimeneas de 100 m de alto), a menos de 1.000 m del Polo Petroquímico de Dock Sud y a menos de 160 m de los Astilleros Tandanor y Domeq García.
Pero esto no es obra de un instante de extravío.
Esta es la frutilla del postre que se comenzó a cocinar en la Audiencia Pública realizada en 2002 para tratar una similar propuesta de IRSA avalada por el entonces «progresista» Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra. Con el visto bueno de sus funcionarios, se presentaba una variante del actual proyecto. Ya en ese momento, particulares y diversas entidades vecinales ambientalistas planteábamos nuestra oposición a semejante desvarío que, finalmente, no tuvo tratamiento legislativo.
Cabe aclarar que en esa Audiencia sólo se presentaron (falsas) «mitigaciones» y (supuestos) «monitoreos» sobre la etapa de obra y no sobre las consecuencias posteriores.
En 2007, su improvisado sucesor, Jorge Telerman, se dio el lujo de saltearse la normativa vigente y le aprobó a IRSA por decreto lo que ésta pretendía. En esta oportunidad, el diputado Pablo Failde actuó rápidamente: interpuso un Recurso de Amparo y logró que una Jueza desarmara la maniobra (como veremos, Failde no tuvo émulos en 2021). Obviamente, Telerman salió indemne, ocupando posteriormente diversos puestos oficiales en la Provincia y en la Ciudad de Buenos Aires junto a «oficialistas» y «opositores».
En 2010 IRSA vuelve a la carga, contando con la anuencia del entonces «neoliberal» Jefe de Gobierno Mauricio Macri (futuro Presidente entonces), con quien firma otro Convenio. Particulares y ONGs volvemos a intervenir públicamente, influyendo también en la visita del titular de la empresa a una reunión de la Comisión de Ecología de la Legislatura y denunciando la falsa representación que hacía aparecer como «propio» un sector del Canal de la Reserva en los planos presentados. Al año siguiente –2011– con pequeños retoques, se vuelve a introducir el proyecto, que es igualmente rechazado con vehemencia y no da lugar a ser tratado.
Es así que en 2021, diez años después de la última experiencia fallida, aprovechando la desmovilización vecinal por la pandemia, IRSA y sus empleados vuelven a la escena, tratando de evitar los arts. 30° y 63° de la Constitución (obligación de Audiencia Pública previa al tratamiento legislativo), utilizando la de 2002 referida a un proyecto similar, pero que no es el mismo. Llama la atención que en esta oportunidad, ningún miembro de «la oposición» objetara ni pública ni judicialmente su tratamiento (recordar Failde en 2007).
Como detalle de color, la misma empresa reconoce la existencia de 10,2 ha -o sea el 14,13 % de las supuestas 71,6 ha totales- como pertenecientes a «bañados y/o espejos de agua existentes» (Zona 3). Al respecto cabe preguntarse: ¿quién le escrituró a IRSA estas más de 10 ha tomadas al Estuario del Plata, ya que no es posible que un privado sea poseedor de porciones del mismo? También aparece «cediendo» el camino de sirga. O sea que la empresa «cede» como espacio público superficies que ya debían serlo.
Además, obliga a la Ciudad a invertir «sus aportes compensatorios» en obras de infraestructura que la benefician. También extrañamente, constituye «servidumbre administrativa» a favor del GCBA sobre una superficie de 2 ha (19.919 m2 / 2,78 % de la sup. total). Cabe aclarar que «servidumbre» no es sinónimo de espacio público.
La prensa, transformando los comunicados de IRSA en nota periodística, nos cuenta sobre las millonarias inversiones en dólares que haría la empresa en el predio en cuestión. Cabe aclarar que IRSA no hará ninguna inversión. Sólo la que le cueste hacer aprobar su convenio convertido en proyecto de ley. Una vez concretado, pondrá a la venta la potencialidad constructiva de las parcelas y «la inversión» la hará un tercero que (ingenuamente o no) creerá que alguien puede ir a vivir en un relleno costero susceptible de inundarse y desaparecer (cambio climático mediante), frente a las chimeneas y al estruendo producido por la mayor Central Termoeléctrica del país.
Es evidente que las falsedades o verdades a medias escritas en este «Convenio Urbanístico», son las que se necesitan para tratar de blanquear una historia plena de irregularidades como hay pocas en la Ciudad: de 40 ha de islas con usos deportivos se pasa impunemente a (supuestas) 71 ha con 16 torres, 6.000 viviendas con 15.00 habitantes, oficinas, locales comerciales, hoteles…
Este Convenio debe ser rechazado de plano, tanto por su planteo y tratamiento inconstitucional como por sus contenidos fraudulentos y atentatorios al bienestar de la Ciudad.
Igualmente digno de destacarse es que con esta presentación IRSA, en alianza con el Gobierno de la Ciudad, se pone a la cabeza de un mercado inmobiliario diversificado, dado que el segmento «popular» lo cubre con el Banco Hipotecario SA a través del cual, el Gobierno Nacional, con dineros de la ANSES, brinda créditos hipotecarios en tierras nacionales dentro del ProCreAr.
Como alternativa, la red tierrasferroviariasverdes ha presentado en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley llamado «COSTA VERDE Y PÚBICA» (Exp. N° 1889 P 2021), consistente en la expropiación del predio y la reconversión de un 70 % de su superficie en un espacio que «…tendrá como objeto, además del recreativo, la preservación y recomposición del ecosistema ribereño vinculado con la Reserva Ecológica Costanera Sur». El restante 30 % estaría dedicado a fines educativos, culturales y deportivos públicos.
