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Después de idas y venidas que no escatimaron problemas judiciales y hasta una clausura, que llevaron años de discusión, la empresa La Rural SA llama a concurso para construir un Centro de Eventos, en el predio de Palermo, en el lugar en que se encuentra un pozo de 17000m2 que ha vuelto locos a los vecinos por haberse transformado un foco de contaminación (mosquitos, ratas y olores nauseabundos).

Volvamos atrás en el tiempo, a fines de 1999. La firma que administra La Rural se asocia con la empresa Odgean y comienzan las excavaciones necesarias para construir los cimientos de lo que iba a ser un Centro de Eventos que incluía cines, comercios, estacionamiento para mil automóviles, restaurante y confitería. En realidad, el código de la zona sólo permitía la construcción del salón de eventos y, ante un recurso impuesto por un vecino, las obras fueron suspendidas por órdenes del juez interviniente.

El terreno había sido cedido en 1875 por Domingo Faustino Sarmiento y Carlos Pellegrini a la Sociedad Rural Argentina para hacer exposiciones ganaderas. En 1991, el gobierno nacional, léase Menem-Cavallo, vendió los terrenos a la Sociedad Rural Argentina en 30 millones de dólares. El boleto de compra-venta reconocía que las construcciones planeadas iban en contra de lo establecido para una Zona Parque por el Código de Planeamiento y decía que la Sociedad Rural “podrá solicitar” al Gobierno municipal la “necesaria” rezonificación del predio.

En julio del año 2004, la construcción de la sala de eventos, únicamente, tuvo la intención de ser retomada porque la empresa y la Comuna firmaron un acuerdo. Intervino nuevamente la justicia, que entendió, nuevamente, que el suo no estaba permitido. Recién a fines de 2005 la Cámara de Apelaciones autorizó las obras.

Todos recordamos que en junio de 2005, el predio ferial fue clausurado en los últimas días de una exposición de automóviles, cuando un vecino presentó un recurso de amparo contra la contaminación imperante en el famoso pozo. El juez Gallardo ordenó la inspección in situ y se descubre que el predio ferial no tenía habilitación, por lo que dispone inmediatamente la clausura, dejando a 50.000 personas sin ver la expo.

Tanto el Gobierno porteño como La Rural S.A. dijeron que el el predio tenía una habilitación precaria, pero que el permiso para funcionar existía, lo que terminó en la recusación del Juez Gallardo. Por otro lado el vecino que había presentado el recurso llego a un acuerdo con la ciudad y con La Rural para que limpiaran el pozo y en julio se levantó la clausura. Desde ese momento La Rural S.A. quedó en condiciones de construir el Centro de Eventos, con lugar sólo para realizar congresos y otras actividades pero ni hablar de cines ni locales comerciales.

El 27 de marzo se efectuará la convocatoria para los arquitectos y el anteproyecto ganador en julio. La idea es terminarlo antes de fines de 2007. El gran salón, con una capacidad de 8000 personas, albergará tanto congresos internacionales como cumbres presidenciales. En el proyecto también figura abrir la calle Darregueyra, conectando Santa Fe y Oro.

A todo esto no está demás recordar, que en febrero de este año, los legisladores Rubén y Tomás Devoto, Beatriz Baltroc, Héctor Bidonde, Sergio Molina, Daniel Betti y Vilma Ripoll denunciaron ante la sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que sus firmas habían sido falsificadas para permitir la construcción de un centro de exposiciones y eventos masivos sobre los terrenos del predio ferial de Palermo.

Esas firmas ilegítimas estarían al pie de un escrito en el cual los legisladores otorgan su consentimiento a la propuesta de Ogden Rural para que continúe con la obra que estaba parada desde noviembre de 2004 por una medida cautelar de la jueza Elena Liberatori. Con este consentimiento, el 28 de diciembre de 2005 la Cámara declaró “extinguido el proceso en los términos del acuerdo manifestado por los litigantes”. Los 7 legisladores piden a la Cámara la nulidad de esa decisión y manifiestan que “las firmas cuya autoría se nos atribuye no nos pertenecen, son falsas”. Lo asombroso de esta cuestión es que la resolución de la Cámara fue notificada el 2 de enero de este año únicamente a la Dirección General de Planeamiento Interpretativo de la Ciudad, dependencia en la que un funcionario de tercera línea decidió que no había ningún problema para continuar con la obra. Los legisladores involucrados en la denuncia se enteraron a raiz de un reportaje hecho por el diario Página12.

Leemos en Página12 del 26 de febrero de 2006 que ""Ogden Rural propuso que si los denunciantes aceptaban que se levantara la medida cautelar de la jueza Liberatori que obligó a dejar el pozo abierto sin continuar las obras, se comprometería a limitarlas, renunciando a la construcción de un shopping, galería comercial y paseo de compras. Además ofreció convocar a concurso público organizado por la Sociedad Central de Arquitectos para elegir el “proyecto de centro de exposiciones, centro de eventos, congresos, convenciones y eventos múltiples”. Al concurso sólo podrían presentarse estudios de arquitectura argentinos y la obra sería construida por “empresas de capital nacional”, una vez “aprobado el estudio de impacto ambiental. y realizada “la correspondiente audiencia pública”. La empresa reclamaba la posibilidad de construir locales sobre la calle Darregueira, para “dotar de escala urbana a la fachada, evitando un largo paredón”. De inmediato se presentó el escrito con las firmas falsas de los legisladores y el gobierno prestó su conformidad. Hace dos semanas cuando fueron consultados por este diario sobre la decisión de la Cámara, los legisladores dijeron que no estaban al tanto y que averiguarían. Cuando vieron el escrito que se les atribuía, advirtieron la falsificación de las firmas. Esta semana se presentaron ante la jueza Liberatori, revocaron el poder de su abogado Pablo Alejandro Pierini y designaron en su lugar a Pedro Kesselman. Con su patrocinio denunciaron la falsificación de las firmas y dijeron que el escrito que las contenía “no refleja nuestro pensamiento y nuestra voluntad”. Por lo tanto solicitaron que se declare “que es nula de toda nulidad” la decisión fundada en “la existencia de un presunto e inexistente acuerdo, que no hemos celebrado, en el que no hemos participado y que no hemos firmado”. Kesselman es uno de los vecinos de Palermo cuyas denuncias pusieron en marcha el mecanismo judicial, junto con la Comisión de Vecinos de Plaza Italia, la Asociación Amigos del Lago de Palermo, la Fundación Ciudad y la Agrupación por una Ribera Natural. “Esto tiene olor a Romagnoli”, sostiene el letrado, quien no ha perdido el sentido del humor. “Cuando muera voy a pedir que esparzan mis cenizas en el pozo de la Rural”, dice. ""